La Secretaría Canadiense de la Comisión del Acuerdo de Cooperación Ambiental de Chile y Canadá ha admitido a tramitación la petición formulada por el Instituto de Ecología de Chile - Austral, y la Corporación Río Contaco, ambas organizaciones de la provincia de Osorno, y por el abogado Waldemar Monsalve, a título personal. La asesoría jurídica de dicha presentación ha estado a cargo del Centro Austral de Derecho Ambiental - CEADA.

La petición presentada el 21 de junio pasado, busca probar la falta de apego a la legislación ambiental vigente en Chile, con que el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
ha operado en la construcción de la Ruta Costera Tramo Sur.

La acción legal se enmarca dentro de los mecanismos contemplados en el acuerdo de Cooperación Ambiental, anexo al Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y Canadá en el año 1997, en el que ambas naciones se comprometen a promover la transparencia y la participación pública. Mediante los instrumentos y mecanismos contemplados en dicho acuerdo, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales pueden realizar peticiones, si estiman que sus gobiernos no han aplicado efectivamente su legislación ambiental.

Tal es el caso de la petición presentada, la que ya ha sido admitida a tramitación al cumplir todos los requisitos legales, según se informó al abogado Miguel Fredes desde Canadá por Jenna MacKay-Alie, Secretario Nacional de Canadá del Acuerdo de Cooperación Ambiental. En este caso en particular, dijo el
abogado osornino Waldemar Monsalve, uno de los peticionarios, la acción se funda en los múltiples incumplimientos o falta de aplicación de la legislación ambiental durante la construcción de la Carretera Costera en la X Región, situación que ya había sido denunciada a los Tribunales de Justicia nacionales
y a la opinión pública con anterioridad, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas claras al respecto".

Monsalve explicó que "lo que hemos venido planteando, en cuanto a la irracionalidad de la obra propuesta y su forma de ejecución es prácticamente irrefutable, ya que ha sido constatado no sólo por la comunidad científica nacional e internacional, sino que incluso por el propio Ministerio de Obras Públicas, a través de su Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT) del MOP, cuyos funcionarios durante el año 2001 realizaron una auditoria ambiental a las obras e instalaciones del proyecto Camino Costero Sur, en el sector que va desde Corral a Colún."

En dicho informe de auditoria -acompañado a la referida petición, explicó Monsalve - se da cuenta de varias omisiones a la aplicación efectiva de la legislación ambiental constatadas en las visitas que funcionarios de la propia SEMAT realizaron a las obras encargadas por el MOP al Cuerpo Militar de Trabajo (CMT), ejecutante de las obras. Dentro de los impactos que se pudieron constatar en las visitas, se encuentran: alteración de procesos geomorfológicos; incremento de riesgos naturales; alteración, daño y/o pérdida del suelo; incremento en la tasa de los procesos erosivos; pérdida y/o disminución de la vegetación nativa; fragmentación de hábitat; alteración de las características visuales básicas del paisaje en que se emplaza el proyecto; alteración o daño del patrimonio cultural; daño a cauces superficiales". Además, se constató que parte de los planes de manejo forestal, no se encuentran regularizados (presentados y aprobados por CONAF).

Finalmente, concluye Monsalve, "para cada uno de estos impactos, el informe de auditoria describe la legislación ambiental que ha dejado de aplicarse efectivamente a las obras del sector del proyecto Camino Costero Sur". Por su parte, Francisco Solís, coordinador de la Coalición para la Conservación de la Cordillera de la Costa expresó a este medio "respaldamos la procedencia de la acción interpuesta, los antecedentes hechos valer por los peticionarios constituyen una prueba fehaciente de las graves deficiencias y costos de este megaproyecto, cuyo verdadero carácter y beneficiarios es desconocido por gran parte de la opinión pública y respecto del cual, curiosamente, ninguna autoridad nacional ha querido tomar cartas en las indiscutibles irregularidades verificadas". Solís concluyó diciendo que, "tal cual como se viene implementando la Carretera Costera, no sólo implica altos costos ambientales, sino que también se esta creando un costoso elefante blanco en el cual se despilfarran tozuda e injustificadamente exorbitantes cantidades de recursos fiscales con casi nula rentabilidad social y sin generación de empleos, y más encima se destruye un patrimonio natural único a nivel mundial, todo ello sin haberse evaluado técnicamente otras
alternativas más inteligentes" .